REPUDIAMOS LOS NUEVOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE PRENSA

NO QUEREMOS SER ARGENZUELA

Contacto: Marcos Hilding Ohlsson | Tel: 1531631753 | Mail: argentinos.sin.mordaza@gmail.com

Buenos Aires (9 de enero de 2012) – Los ciudadanos libres de Argentina Sin Mordaza nos oponemos enérgicamente a las nuevas amenazas a la libertad de expresión realizadas por el Gobierno Argentino, al utilizar el aparato estatal para perseguir a los medios independientes.

Entendemos que mediante la ley de control de papel prensa, así cómo el allanamiento a las oficinas de Cablevisión y su hostigamiento judicial, el Gobierno pretende censurar cualquier voz independiente que pueda denunciar la corrupción e ineficiencia. El gobierno justifica sus actos en limitar algún monopolio, pero el fin último es limitar cualquier expresión crítica que pueda opacar sus ambiciones de perpetuidad en el poder.

Desde las elecciones de octubre, el gobierno ha vuelto a mostrar su visión totalitaria al impulsar y sacar leyes que restringen las libertades individuales y violan la Constitución Nacional. Con la preocupación de que estos nuevos hecho sean un eslabón más en la cadena con la que de gobierno quiere tener rehenes a todos los argentinos, imitando lo que ha venido sucediendo en Venezuela y Ecuador, es que hacemos un llamado para que todos los argentinos de buena voluntad levanten su voz.

No queremos ser Argenzuela

“Los argentinos no queremos vivir en Argenzuela, no queremos seguir los pasos de Venezuela y Ecuador” dijo Marcos Hilding Ohlsson, vocero de Argentina Sin Mordaza refiriéndose a las permanentes violaciones que tanto los regímenes de Hugo Chávez y Rafael Correa realizan permanentemente a las libertades individuales de sus ciudadanos. “Ya conocemos la receta de los países del ALBA. Se llaman democráticos, pero utilizan los elementos de la democracia misma para destruirla desde adentro. Cambian la Constitución, cierran medios de comunicación, siembran el miedo entre los periodistas independientes creando causas judiciales falsas, etc. Si no, vean lo que está pasando ahora mismo en Ecuador con el diario El Universo” agrego Hilding Ohlsson.

La imposición del silencio es el camino para asegurar un gobierno totalitario

Si estas harto de la soberbia, el odio, el resentimiento y la violencia

 Si crees que tenemos que recuperar los valores de la constitución que hicieron grande nuestra tierra

Si querés poder disentir y opinar

Sacate la mordaza y alza tu voz

Argentinos Sin Mordaza

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No solo es por vos, es por todos, es por tus hijos, es por tus padres, es porque querés un país donde se pueda hablar

Parece mentira que esto este sucediendo en una región en general democrática, pero gran parte de Latinoamerica ha iniciado el 2012 en medio de la mayor campana de censura a la prensa desde las dictaduras militares de la década de 1970.

Como nunca en la historia reciente, presidentes electos que ya controlan el congreso y el sistema judicial de sus países están tratando de silenciar a los medios independientes. Si lo logran, tal como parece estar ocurriendo, gozarán de un poder casi absoluto. Será una licencia para robar a gusto —tanto fondos estatales como elecciones— sin ningún escrutinio efectivo del poder legislativo o de los medios.Veamos algunos de los últimos ataques contra los medios independientes que se han producido en las últimas semanas:

SEGUIR LEYENDO: http://www.elnuevoherald.com/2012/01/05/1096825/andres-oppenheimer-el-regreso.html

Eduardo Seminara, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), sostuvo que Cablevisión no respeta la grilla de programación y tiene “claramente una situación monopólica, que dificulta la libre competencia entre los cableoperadores”. Seminara lo dijo en una entrevista al diario La Capital, de Rosario, del grupo Vila-Manzano.

Lo cierto es que la empresa de Grupo Clarín tiene una participación del 47% en TV paga y del 23% en Internet, que es “inferior a los principales operadores de cable de la mayoría de los países de América y Europa. Y mucho menos a las participaciones de las telefónicas”, explicó la compañía. De hecho, Supercanal tiene más participación de mercado que Cablevisión en las ciudades donde opera.

La participación de Cablevisión es igual o menor a la de los principales operadores de TV paga de Perú (82%), Chile (67%), Venezuela (50%), México (46%), Brasil (46%), Italia (75%), Francia (65%), Reino Unido (59%), España (57%) y Alemania (52%), entre otros.

La semana pasada otro funcionario del organismo de aplicación de la ley de medios, Luis Lázaro, coordinador general de AFSCA, también se manifestó contra Cablevisión, desde radio Nihuil, del grupo Vila-Manzano. Lázaro dijo que la fusión de Cablevisión y Multicanal impide que los usuarios puedan elegir y además “dejó mucha gente en la calle. Por esto no hay ninguna autoridad moral de estos grupos empresarios para hablar en nombre de la defensa del empleo”.

Esos argumentos son inexactos y además idénticos a los que usó el grupo de Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano. Cablevisión sumó 1.600 empleados desde 2007, hasta llegar a 9.300 trabajadores en la compañía. A la vez, invirtió US$ 1.000 millones en estos años. “Compite intensamente en todos los lugares donde brinda servicio. Y lo hace pese al plan destructivo del Gobierno y sus aliados”, sostuvo Cablevisión.

El grupo Vila-Manzano sumó privilegios por ser aliado del Gobierno. Opera en más de 170 localidades, pero tiene 46 licencias para dar servicio en 59 localidades.

Los funcionarios de AFSCA opinan a favor de los argumentos de Supercanal en contra de Cablevisión y además favorecen al grupo mendocino, permitiendo que presten servicio en localidades donde no tienen licencias para hacerlo y otorgándole nuevas licencias que superan a la multiplicidad permitida por la ley de medios. Esa normativa estableció que un grupo puede tener hasta 24 licencias de TV por cable. Supercanal tiene 46, así que debería desprenderse de 22 licencias. Pero como logró una medida cautelar de la Justicia, puede conservarlas hasta que se resuelva su situación judicial.

Lo extraño es que AFSCA le otorgó en noviembre pasado otras dos licencias de TV cable en las ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, y La Falda, con extensión a Cosquín, en Córdoba. Eso demuestra el nivel de connivencia entre los funcionarios de AFSCA y el grupo de Vila-Manzano. Supercanal no cumple con la ley, pero se alienta su expansión, porque su accionar en la Justicia le permite al kirchnerismo tercerizar la persecución contra Cablevisión en un grupo de medios oficialista.

La evasión tributaria, la corrupción y los delitos de cuello blanco le costaron a la Argentina 95.800 millones de dólares entre 2000 y 2009, que se fugaron hacia los grandes centros financieros y los paraísos fiscales, según el nuevo reporte del centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).

El informe, el tercero de su tipo en los últimos cuatro años, colocó a la Argentina en el puesto 18° del ranking de países con mayores pérdidas, tras relevar el “flujo financiero ilícito” que se escapa de 157 países en vías de desarrollo y estimar que, sólo durante 2009, la fuga total de esas naciones ascendió a US$ 903.000 millones.

El peor año para la Argentina fue 2008, según el relevamiento, cuando salieron cerca de US$ 21.414 millones. Ese fue el año del enfrentamiento con el campo por las retenciones móviles, de la estatización de los fondos de pensión (AFJP) y del colapso financiero global. A fines de 2008, también, el Gobierno sancionó la ley de moratoria y blanqueo para detener y, en lo posible, revertir la fuga.

El estudio del GFI, de todos modos, excede al kirchnerismo y alcanza también la presidencia de Fernando de la Rúa y el interinato de Eduardo Duhalde. Se basa, además, en una ecuación a la que incorporó una larguísima lista de datos oficiales de cada país -como sus cuentas fiscales, reservas, balanza comercial, las operaciones bursátiles, el endeudamiento soberano y la inversión extranjera directa, entre otros- e informes aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Pero, aun así, sus autores consideran que las cifras resultantes son “conservadoras”.

“En nuestro análisis no incluimos datos sobre las operaciones con dinero en efectivo ni sobre los movimientos de divisas derivadas del tráfico de drogas o del tráfico de personas”, explicó a LA NACION una de las autoras del reporte, la economista de Duke University Sarah Freitas, desde la sede del GFI, en Washington. “Como la cantidad de dinero en efectivo que mueven es incierta, no la incluimos”, añadió, por lo que la cifra real podría trepar de manera exponencial.

El Banco Central (BCRA) difunde sus propios cálculos a través de su informe trimestral Balance Cambiario. Durante los primeros 9 meses de 2011, por ejemplo, detalló que se fugaron US$ 18.245 millones. Y según el Indec, los activos de los argentinos en el exterior crecieron US$ 56.000 millones desde 2001, por lo que ronda los US$ 138.000 millones.

El análisis del GFI, sin embargo, no sólo arroja una cifra mucho más elevada, sino que ahonda en los fondos “piratas”. De hecho, muestra a China como el país en vías de desarrollo con mayor “flujo financiero ilícito” escapando de sus fronteras, por una suma impresionante: US$ 2,74 billones entre 2000 y 2009. Es decir, más de 7 veces todo el Producto Bruto Interno (PBI) nominal argentino del año 2010, de casi US$ 370.000 millones.

A China le sigue México (con US$ 504.000 millones) entre los 10 países con peores registros. Luego figuran Rusia (US$ 501.000 millones), Arabia Saudita (380.000 millones), Malasia (350.000 millones), Emiratos Arabes Unidos (296.000 millones), Kuwait (271.000 millones), Nigeria (182.000 millones), Venezuela (179.000 millones) y Qatar (175.000 millones).

Por América latina también descollan Chile (16°, con 97.500 millones) y la Argentina (18°) como los países con mayor fuga de fondos ilícitos, que el GFI define como el “movimiento de dinero que es ilícitamente ganado, transferido o utilizado”. En el caso particular de la región, con el toqueteo al facturar -para inflar o pinchar- los montos de las importaciones y exportaciones.

“Un ejemplo clásico de la subfacturación al exportar ocurre cuando una compañía declara en su país que exportó mercaderías por 5 millones de dólares, cuando en realidad exportó por 8 millones y pide a su importador que transfiera los otros 3 millones a una cuenta bancaria en otro país”, explicó el coautor del informe, Dev Kar, quien trabajó durante 32 años como economista senior del FMI.

EL IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL

El otro gran eje del flujo ilegal es la corrupción y otros delitos de cuello blanco. Y en uno u otro caso, su destino final son los bancos y centros financieros del Primer Mundo (con el 76% del total) y los paraísos fiscales (el 24%) durante la última década, según un estudio previo del GFI.

Esos porcentajes, sin embargo, varían de manera sustancial según cómo se categorice a sólo dos países, Irlanda y Suiza. Si se los computa como “centros offshore”, la tajada llega al 42,1% como destino preferido en el caso de América latina.

La fuga global de fondos negros, sin embargo, mostró un retroceso sustancial entre 2008, cuando llegó a US$ 1,55 billones, y 2009, con US$ 903.000 millones. Pero no es un dato para celebrar, según los autores del reporte, ya que se debió a la recesión mundial más que a reformas políticas u económicas o a mayores controles implementados por los gobiernos.

¿Qué recomendaciones dan Freitas y Kar? Las previsibles, pero que aún están lejos de aplicarse en todo su potencial. Entre otras, aumentar la transparencia bancaria y del comercio exterior, potenciar el intercambio internacional de los datos tributarios o exigir la identificación de los beneficiarios finales de los depósitos.

Del reporte surge otro dato elocuente: toda la asistencia aportada por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y agencias internacionales que se destinan a los países en vías de desarrollo son entre 7 y 10 veces menores que los fondos negros que se fugan de esos países.

En el caso de la Argentina, la fuga anual de fondos negros promedió entre 8304 y 9575 millones entre 2000 y 2009, aunque con notables disparidades. Mientras que el balance neto de la hemorragia se redujo a cero durante 2006, dos años después llegó a su pico máximo: US$ 21.414 millones.

El reporte arroja otros dos años duros para la Argentina, 2003 y 2001, el año del colapso político y económico nacional, cuando con un PBI notoriamente más bajo que el de 2008 se escaparon US$ 18.872 millones.

EL TALÓN DE AQUILES DEL CAPITALISMO

El centro Integridad Financiera Global (GFI) nació de un libro: El talón de Aquiles del capitalismo: dinero sucio y cómo renovar el sistema del libre mercado. Escrito por Raymond Baker -un académico de dos conocidos think-tanks en Washington, el Brookings Institution y el Center for International Policy-, expuso cómo operan los flujos ilícitos y más de 70 paraísos fiscales de todo el mundo, en perjuicio de los países en vías de desarrollo. Hoy, Baker dirige el GFI, cuyo consejo de asesores incluye a la directora ejecutiva del Banco Mundial, Ngozi Okonjo-Iweala; al editor de la revista Foreign Policy, Moisés Naim, y a la parlamentaria europea Eva Joly, entre otros.

CONSIDERANDO que el gobierno argentino ha profundizado el uso discrecional del poder estatal, valiéndose de herramientas legales, medidas administrativas y del accionar de funcionarios públicos para premiar a los medios editorialmente afines y castigar a quienes mantienen su independencia con respecto a la gestión oficial

CONSIDERANDO que a dos años de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –que se encuentra parcialmente suspendida por la Justicia por afectar derechos constitucionales- ha tenido un proceso de aplicación basado en criterios selectivos

CONSIDERANDO que, en este sentido, la autoridad responsable de la aplicación de la norma trata de forma diferencial a los medios cercanos al oficialismo

CONSIDERANDO que los medios independientes han denunciado ser objeto de discriminación a partir de la apertura de procesos sancionatorios por cuestiones administrativas, con el objetivo de dictar la caducidad de sus licencias o permitir la intervención de sus medios

CONSIDERANDO que, del mismo modo y como viene sucediendo hace ocho años, la publicidad oficial ha aumentado y sigue beneficiando a los medios que no son críticos del gobierno y sin tener en consideración criterios técnicos

CONSIDERANDO que el Artículo 7 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

LA 67 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Instar al Gobierno a establecer criterios técnicos en su relación con los medios de comunicación para la distribución de la publicidad oficial

Solicitar a la autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que adopte y cumpla criterios objetivos en el ejercicio de sus atribuciones

Argentina II

CONSIDERANDO que las acciones de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes se mantienen con sostenida virulencia mediante agresiones y falsas acusaciones de parte de altos funcionarios, así como de un trato descalificativo en ámbitos profesionales

CONSIDERANDO que la campaña oficial de desprestigio contra los medios no oficialistas utiliza además numerosas vías, como proliferación de carteles injuriosos en la vía pública, impedimentos de la circulación de diarios en ámbitos oficiales, persecución administrativa y fiscal a periodistas, editores y empresas de medios, denuncias y campañas sistemáticas de difamación en espacios mediáticos que responden al poder político

CONSIDERANDO que el Gobierno y sus funcionarios han reiterado que los medios independientes son sus “adversarios políticos”, al afirmar que estos “fueron los grandes derrotados” en los pasados comicios

CONSIDERANDO que funcionarios han lanzado presiones a la Justicia para que falle a favor del Gobierno en cuestiones como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra parcialmente suspendida por contrariar principios constitucionales

CONSIDERANDO que desde el oficialismo se ha multiplicado la presión sobre órganos judiciales y también el acoso administrativo contra Papel Prensa, empresa que abastece de papel a la mayor parte de los periódicos del país, con el propósito de lograr la intervención de la compañía

CONSIDERANDO que sigue creciendo de manera desmedida, al amparo de una enorme cantidad de recursos públicos y de otro tipo de beneficios y medidas administrativas, el universo de medios oficiales y para oficiales en la Argentina, ya sea a través del realineamiento editorial de medios existentes como de la creación de nuevos medios en los distintos soportes, al punto de constituir hoy una clara mayoría en el escenario comunicacional argentino

CONSIDERANDO que el Artículo 5 de la Declaración de Chapultepec establece que: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.

LA 67 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Instar al Gobierno a que encause su relación con los medios independientes en el marco de una deseable convivencia democrática, de respeto al rol constitucional de la prensa y de trato equitativo, sin discriminar ni estigmatizar a editores y periodistas por la línea editorial de sus medios

Solicitar al Gobierno que finalice la escalada de agresiones contra los medios críticos, que lejos de atenuarse sigue sumando nuevas agresiones de manera ininterrumpida

Exhortar al Poder Ejecutivo a que cesen las presiones a la Justicia en temáticas vinculadas a la actividad de los medios de comunicación, lo que contraría la división de poderes y pone en riesgo el rol del Poder Judicial como garante de los derechos constitucionales

Instar al Gobierno a que ponga fin al hostigamiento administrativo contra la empresa Papel Prensa que obstaculiza el normal funcionamiento de la empresa

Solicitar al Congreso Nacional que impida la intervención estatal en la producción y comercialización del papel, para que no se constituya en un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo, preservando la política de libre comercialización que rige desde hace largos años en el país

Alertar a la sociedad sobre el proceso de “colonización mediática” que se viene desarrollando por parte del gobierno con cuantiosos recursos del Estado y otras herramientas, intentando monopolizar los canales de acceso a la información

Más información: http://www.sipiapa.org/v4/reportes_resoluciones.php?idioma=sp&asamblea=47

Se ha montado un desmesurado aparato mediático para oficial dedicado a desacreditar al periodismo independiente y se han multiplicado los ataques y las restricciones contra aquellos que buscan interpelar a un poder que pretende instalar su propia versión de los hechos, dejando de lado enfoques alternativos. Paralelamente, el Gobierno avanza con leyes e intromisiones abusivas en el control de contenidos, insumos y licencias de medios.
La publicidad oficial ha tenido un crecimiento geométrico desde 2003 y su asignación ha desvirtuado su objeto. En lugar de utilizarse para comunicar la gestión del Estado, a través de las vías más aptas para que el mensaje llegue a los ciudadanos, se ha transformado en combustible de medios complacientes con el Gobierno u hostiles con la prensa no adicta. Esta administración negligente y arbitraria de fondos públicos se torna evidente al repasar los porcentajes de distribución de la pauta estatal.
En los primeros seis meses de este año, el 48% de la publicidad oficial destinada a diarios de la ciudad de Buenos Aires se duplicó respecto del mismo período del año anterior y se concentró en dos grupos editoriales cercanos al Gobierno. Los dos diarios de mayor circulación, que en conjunto representan más del 60% de la circulación total de la capital, recibieron un 2,5% frente al 38% que fue a parar a dos diarios con una tirada combinada diez veces menor que la de éstos.
Entre los diarios del interior, un grupo de medios afín al oficialismo recibió el 44% de la pauta destinada a ese sector. En el segmento de las revistas, el 59% fue absorbido por tres publicaciones de baja tirada, mientras que la más vendida no recibió un solo peso. La pauta oficial en televisión abierta creció un 282% en el primer semestre respecto del mismo semestre de 2010; el 48% fue acaparado por el tercer canal en nivel de audiencia frente a un 0,5% que recibió el número uno. Entre las radios, una AM cercana al Gobierno fue beneficiada con el 41% de los fondos repartidos en ese segmento contra un 2% recibido por la segunda en audiencia.

En marzo pasado, la Corte Suprema de la Nación, a través de un fallo en un caso de discriminación publicitaria planteado por la editorial Perfil, estableció que la publicidad oficial no puede ser adjudicada en forma discriminatoria ni ser aplicada como un modo indirecto para afectar la libertad de expresión. El Gobierno, en una patente burla a la Justicia y al equilibrio republicano, se limitó a publicar un aviso injurioso en un periódico de la demandante y mantuvo sus niveles de discrecionalidad en la distribución de la pauta.
Además de la asignación distorsiva de la publicidad oficial, el Gobierno emplea abusivamente distintos canales para instalar su discurso. Desde la gestión de medios públicos como órganos proselitistas al uso propagandístico de las transmisiones de fútbol, que fueron estatizadas, regadas con avisos oficiales y sostenidas con fondos que superan los 2.000 millones de pesos. A esto cabe agregar la distribución por parte de la agencia oficial de noticias, cuyo titular declaró que adscribe a una variante militante o partidaria del periodismo, de contenidos gratuitos a más de 7.000 medios.
Distintos organismos que actúan dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional llevaron adelante políticas persecutorias contra quienes intentaron reflejar datos diferentes de los oficiales. La Secretaría de Comercio Interior, apoyándose en una interpretación forzada de una disposición legal y configurando un claro ataque a la libertad de expresión, penalizó con onerosas multas a consultoras privadas que difundían índices de inflación.
En el marco de una denuncia presentada por el secretario de comercio contra una de esas consultoras, un juez ordenó a diferentes medios de prensa que identificaran a los periodistas que en los últimos cinco años escribieron notas sobre mediciones de inflación distintas a las del organismo oficial de estadísticas; requisitoria que constituye una evidente presión intimidatoria sobre esos periodistas y medios y conlleva un riesgo de censura indirecta. También otros organismos, como la Comisión Nacional de Comunicaciones o la Autoridad Federal de Ingresos Públicos, han llevado adelante acciones persecutorias contra medios o periodistas.
Las agresiones verbales emitidas por funcionarios públicos nutren un clima opresivo para el ejercicio del periodismo. Entre los numerosos agravios o provocaciones dirigidos a medios y periodistas, caben mencionarse, a título de ejemplo, los del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien acusó a los diarios Clarín y La Nación de atentar contra la democracia, o los dichos de Gabriel Mariotto, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, quien afirmó que los derrotados en las elecciones primarias fueron los editorialistas de los grandes diarios. En el interior del país también hubo descalificaciones que resquebrajaron los puentes del diálogo, como las del gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien formuló declaraciones de carácter injurioso contra el diario El Tribuno. Este clima de hostilidad, extendido a lo largo del país, ofreció un terreno fértil para la proliferación de campañas de difamación montadas desde medios afines al oficialismo o a través de carteles injuriosos en la vía pública.
Durante 2011 se alternaron burdos y extraordinarios embates con sofisticados y peligrosos avances contra la prensa. En marzo y abril se impidió que los ejemplares de los diarios Clarín, Olé, La Voz del Interior y Día a Día llegaran a sus lectores, ante la inacción de las autoridades. Hoy, la posibilidad de desempeñar la actividad periodística con independencia se enfrenta a los intentos regulatorios del Gobierno sobre el papel para diarios y sobre los contenidos, el otorgamiento de licencias y el establecimiento de sanciones en el ámbito de los medios audiovisuales.
Un proyecto del Ejecutivo que propone declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios puede convertirse en ley a fines de este año, cuando el oficialismo y bloques legislativos aliados tengan mayoría en las cámaras legislativas. La iniciativa, que prohíbe a los diarios participar de la producción de su principal insumo, obligaría a los actuales accionistas mayoritarios de la única fábrica que lo produce actualmente en el país a abandonar la empresa. La posibilidad de que el Gobierno controle el insumo vital de los medios gráficos, a través de la producción local y de las regulaciones al comercio exterior, pondría en jaque a toda posible autonomía de la prensa.
A mediados de agosto pasado, Gabriel Mariotto, titular del órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dominado numéricamente por el oficialismo, reclamó públicamente a un juez que fallara sobre uno de los artículos de la ley, cuya aplicación se encuentra suspendida por ser considerado prima facie inconstitucional al afectar retroactivamente los derechos de quienes poseen licencias legalmente concedidas. La “ley de medios”, que otorga al Estado una amplia intervención que afecta el pluralismo informativo al impulsar la conformación de un conglomerado de medios oficiales y paraoficiales, ha tenido un proceso de aplicación selectivo. Se detecta una mayor laxitud en la intervención de la autoridad de aplicación respecto de los medios cercanos al Gobierno.
Entre otras medidas vinculadas al quehacer de la prensa, el Gobierno nacional emitió un decreto que prohíbe los avisos que promueven la oferta sexual. El diario Río Negro promovió una acción de amparo por considerar que el decreto es inconstitucional en tanto se basa en dos leyes que tienen como fin exclusivo prevenir y sancionar la trata de personas y la prostitución forzada, pero no impiden el ejercicio libre y voluntario de la prostitución y por lo tanto su publicidad. Esto lo convierte en un acto lesivo de la libertad de expresión que obligó al diario Río Negro a promover una acción de amenaza que fue rechazada en primera instancia no por su contenido sino por la vía utilizada. Río Negro apeló la decisión que fue concedida.
El segundo amparo es contra la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública que establece nuevas sanciones con la quita de publicidad oficial a los medios que publiquen avisos de oferta sexual.
La primera resolución determinaba multas importantes y la confiscación de la publicación, lo que implica doble punición por un mismo hecho.
En el país hay medios que pueden juzgar críticamente la gestión de los gobernantes. Pero las libertades de expresión y de prensa están afectadas por un rosario de ataques sistemáticos a los medios a través de los cuales esas libertades pueden concretarse. La combinación del temor a las represalias, la seducción de los fondos públicos y el crecimiento de la discrecionalidad estatal en las regulaciones ya ha teñido la mayor parte del mapa mediático con un tinte oficialista.
Con elecciones presidenciales en el horizonte próximo que, de acuerdo a las encuestas, engendrarán un gobierno fuerte con mayorías legislativas y una oposición diluida, habrá débiles contrapesos institucionales para contener los desbordes del poder. En este escenario, la disminución progresiva de las voces periodísticas independientes enciende una señal de alerta respecto de la vitalidad de la democracia republicana.

The constitution provides for freedom of the media and of expression. Since 2009, libel and slander by journalists are no longer punishable by imprisonment, although fines can still be issued in cases of “real malice.” However, 2010 saw at least one case in which this crucial reform was ignored by the courts. In February, an appeals court in Salta Province upheld a decision by a lower court sentencing journalist José Acho to two years in prison and a $5,000 fine as a result of criminal defamation charges filed by a local artist. The case stemmed from a story written by Acho about alleged murky dealings by the plaintiff related to the acquisition of public lands. The six members of the appeals tribunal ignored the new law, which excludes matters of public interest from any criminal defamation proceedings.

On the other hand, there were several positive verdicts issued by the country’s courts, and the Argentine Supreme Court continued to show true appreciation for the fundamental tenets of press freedom. In May, the court rejected two criminal defamation cases against the La Mañana newspaper by invoking the real malice principle, under which a plaintiff in a case that involves a public official or the public interest must prove that the defendant knew that the published information was false and had acted maliciously in publishing it. The Supreme Court also overturned a criminal defamation case against La Plata’s El Día newspaper. The daily published a story using as its source police reports that eventually turned out to be incorrect. The court ruled that El Día did its best to get the story right and that the plaintiff’s demands of accuracy were too extreme. Press freedom also prevailed in a case involving the editor in chief of the Río Negro newspaper, Italo Pisani, and its publisher, when relatives of the victims of a deadly traffic accident filed civil charges, demanding $80,000 in compensation for “moral damages” and “invasion of privacy” caused by the publication of an award-winning photo of the aftermath of the accident that showed relatives grieving over two dead bodies. The judge ruled in May that due to the fact that the photo showed a scene of public interest, the invasion of privacy claims were invalid, and acquitted both Pisani and the publisher of the newspaper. The same month, an appeals court in Quilmes acquitted journalist Adrián Di Nucci of criminal defamation charges filed by a local lawyer. Di Nucci published in the weeklyEl Suburbano a series of e-mails by plaintiff Mónica Frade who felt her privacy was invaded and her reputation damaged. The court ruled that the e-mails dealt with a matter of public interest and that the defendant never expressed any intention to libel the plaintiff. The judges overturned the decision of a lower court that had ordered Di Nucci to pay $3,700 in damages.

In 2009, the legislature passed a controversial Law on Audiovisual Communication Services, which aimed to diversify ownership in the media sector. Fears that the law would be used against the government’s opponents in the media prompted lawsuits that delayed implementation for about a year, but in September 2010 the law came into effect. While the law could potentially lead to further diversification of the broadcast sector, critics raised concerns regarding the composition, independence, and powers of a new broadcast regulatory body. Observers believe it will be used against media companies hostile to the government, who often come into conflict with the administration and progovernment media outlets.

There are also concerns that authorities restrict access to information. The site Perfil.com was denied information about the use of private planes by President Cristina Fernández de Kirchner and her predecessor and husband, Néstor Kirchner, from 2007 to 2010, despite having fulfilled all the bureaucratic requirements to receive the information, according to the Argentine Association of Journalistic Entities (ADEPA). In late September, the Senate passed a right to information bill, but the Chamber of Deputies had not yet passed an equivalent bill at the end of 2010. Advocates warned against a repeat of the previous attempt to pass a right to information bill, which won approval from the Chamber of Deputies in 2003 but languished in the Senate for two years before being abandoned.

The hostile relationship between the government and media has become an important obstacle to the practice of journalism in Argentina and to the public’s right to be duly informed about matters of social interest. ADEPA has denounced this dangerous conflict and called on the government to accept the press’s role as the watchdog of democracy and to stop its attacks on the news media, warning that this attitude is putting Argentine journalists in vulnerable positions and even physical danger. No other example illustrates this dangerous relationship of the government and the news media better than the administration’s open hostility toward the country’s largest media conglomerate, Grupo Clarín (and to a lesser extent toward the newspaper La Nación). This antagonism intensified in 2009 when 200 tax agents raided the offices of Clarín newspaper after it ran a cover story alleging that the government improperly granted a farm subsidy. When the paper called the raid a government intimidation tactic, the tax agency claimed that it was a mistake, and promised to investigate the incident and fire the officials responsible. A judicial probe was started in 2010 but had yielded no results by year’s end. In 2010, the administration used several tactics to silence Grupo Clarín, including blocking the distribution of the newspaper and interfering with the supply of newsprint to Clarín and other “hostile” publications by means of illegal strikes by a progovernment union. Senior members of the administration and federal legislators also conducted verbal and judicial attacks against Clarín journalists. Journalists from the paper were charged with criminal publication of information from an ongoing criminal investigation; excluded from official press conferences (even those held in foreign countries) because of articles deemed “too aggressive” against the government; charged with civil defamation after accusing a public official of corruption; wiretapped; and compared to Nazis by a government minister. Tensions between President Kirchner and the independent media have increased, and in October she upped the ante by calling for the nationalization of the news media so they would “acquire a national conscience and defend the country’s interests.”

Argentina also saw a worsening of physical and other types of attacks on members of the media, including the murder of community journalist Adams Ledesma Valenzuela, who was stabbed to death outside his home in the Villa 31 shantytown north of Buenos Aires in September; his wife was also threatened following the murder. Ledesma, a Bolivian immigrant, had organized several social and cultural activities for the community, including journalism and photography classes, and was the founder and owner of Mundo Villa newspaper and its associated local TV station. The attack was condemned by local press freedom group El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), but the perpetrators and motives remained unclear.

A number of lesser incidents of violence were also reported during the year, mostly affecting reporters as they attempted to cover the news or in retaliation for airing stories critical of local officials. In Loncopué, in Neuquén Province, Norberto Guerrero, owner of FM Arco Iris radio station, blamed local officials for vandalizing his broadcast equipment in January, which took him off the air. Guerrero had been very critical of allegedly illegal mine-stripping operations around his town. In August, an intentional fire destroyed part of the studio of FM Cerrillos radio station, which also served as the home of station owner Carlos Villanueva. Villanueva’s car was also destroyed by the fire, and some of his broadcast equipment was stolen, temporarily forcing the station off the air. Villanueva blamed the incident on the head of the local government, who had been the target of his criticism. Three months later, several shots were fired at Villanueva’s house, nearly hitting his wife. In the western town of Andalgalá, a Canal 10 reporter and his camera operator were beaten and their video equipment stolen while covering a protest by miners in February; the same day, an FM La Perla radio reporter received death threats while reporting on the disturbances. Also in February in the northern town of Las Palmas, Dante Fernández, owner of the FM Frontera radio station, was repeatedly beaten by two supporters of José Ramón Carbajal, head of the local government, while Fernández was getting ready to cover a story about alleged poisoning of the town’s water supply. In the town of Salta, Nuevo Diario photographer Rolando Díaz was covering a fire in April when a policeman grabbed him by his neck and took him to his car. Other journalists covering the incident kept the policeman from taking Díaz away. Just south of Salta, a day later, the head of the local municipal council punched El Tribunonewspaper reporter Jaime Barrera in the head. These incidents are illustrative of a number of similar attacks recorded by ADEPA on members of the news media in 2010, including in Buenos Aires, Rosario, Tucumán, La Rioja, Salta, and Junín.

Argentina has a large private media sector, with more than 150 daily newspapers, hundreds of commercial radio stations, and dozens of television stations. The dominant television networks are privately owned. Many radio stations operate on temporary licenses pending regulatory reform. As in past years, the government was accused of manipulating the distribution of official advertising to limit free speech, a practice termed “soft censorship” that had been institutionalized by Néstor Kirchner. In 2010, according to La Nación, Cristina Kirchner’s administration spent $27 million on official ads, of which 67.5 percent went to programs broadcasted by Canal 9, a TV channel whose owner is closely linked to the government. The problem has persisted even though the Supreme Court ruled in 2007 that “the government may not manipulate advertising by giving it to or taking it away from media outlets on the basis of discriminatory criteria.” In 2009, a federal appeals court ruled that the government violated constitutional freedom of the press when it withheld advertising from Editorial Perfil, the country’s largest magazine publisher. The case was appealed to the Supreme Court, which had not yet announced a decision at the end of the year. As noted above, official attempts to regulate the production and distribution of newsprint represented an additional onslaught on media freedom during 2010.

About 36 percent of Argentines accessed the internet in 2010, the third-highest usage rate in Latin America, after Brazil and Mexico. There are no government restrictions on the internet, although Argentina has sometimes censored search results to protect the privacy of celebrities.

Ver el reporte completo aquí: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=16

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) está alarmada, y con razón. En el año que termina fueron asesinados en el mundo más de un centenar de trabajadores de la prensa, exactamente 106. Eso sin contar los que perdieron la vida en accidentes o desastres naturales, en total 20, algo por desgracia inevitable en una profesión tan a merced de riesgos y desafíos.

Pero lo que no deja de ser escalofriante es el creciente número de periodistas que son víctimas de la violencia debido a la irresponsabilidad, o peor aún, a la complicidad de algunos gobiernos. Según la FIP, que representa a más de 600 mil trabajadores de la prensa en 131 países, se trata de una situación en la que “los gobiernos están en negación o son indiferentes a lo que se ha convertido en un patrón regular”.

Más allá del peligro que acecha permanentemente a los periodistas en países como Pakistán e Irak, en América Latina el panorama no es menos horripilante, puesto que en la región no sólo ocurrieron una buena parte de esos crímenes (24), sino que en adición se registran serias amenazas a la libertad de expresión por parte de algunos gobiernos, a tal grado que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó que el 2011 ha sido uno de los peores años de la década.

Luego de advertir de la adopción en la región de normas legales que “desvirtuaron las garantías constitucionales sobre el derecho de los ciudadanos a estar libremente informados”, la SIP puso de relieve la violencia perpetrada por el narcotráfico, en muchos casos “en convivencia con funcionarios corruptos”.

Un balance de fin de año reveló que los países con mayor cantidad de periodistas asesinados en el 2011 fueron México, Honduras, Brasil y Perú, en ese orden, y a modo de agravante, la SIP apuntó que, en adición que la impunidad frente los crímenes ocurridos en el pasado y la inacción de las autoridades, “se ha creado un círculo vicioso”.

Los asesinatos constituyen la parte más trágica y visible de las enormes barreras impuestas hoy en día a la libertad de expresión en Latinoamérica, pero no menos reprobable es la arremetida contra la prensa libre por parte de algunos gobiernos, que se valen de recursos “disfrazados de normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública”, constató la SIP.

Entre los casos tal vez más notorios está el de Venezuela, donde el gobierno cerró temporalmente el semanario Sexto Poder, el editor de la publicación, Leocenis García, fue enviado a prisión; un juez prohibió al diario El Nacional publicar imágenes violentas que pongan al descubierto la indolencia de las autoridades; la cadena Globovisión siguió siendo permanentemente blanco de procesos judiciales que buscan sacarla del aire, y su presidente y otros periodistas venezolanos tuvieron que marchar al exilio.

Pero Venezuela no es el único país que sirve de ejemplo de la nueva amenaza que sufre la libertad de prensa en Latinoamérica. También está Ecuador, donde por iniciativa del ejecutivo se busca establecer -señaló la SIP- “férreos controles y mordazas oficiales contra los medios para que no puedan desarrollar su tarea de fiscalización del gobierno”.

En Bolivia también ha habido intenciones de torpedear el trabajo libre de los periodistas, y en su informe la SIP destacó que en 2011 fueron notorios los esfuerzos de los gobiernos de Argentina y Nicaragua, además de Ecuador y Venezuela, en seguir utilizando la “publicidad estatal como arma para premiar y castigar a los medios (de prensa)”.

La justicia también ha sido violentada para amordazar y amedrentar a los periodistas, especialmente en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa demandó al diario El Universo por una información que consideró injuriosa contra su persona, y un juez condenó a tres años de cárcel a directivos y a un columnista del rotativo así como al pago de una multa de $40 millones de dólares.

El informe anual de la SIP también llamó la atención sobre la precaria situación de la prensa en Cuba, donde el gobierno mantiene severas restricciones a la libertad de expresión, ha habido “pocos avances” en materia de libertad de prensa y asociación, y donde “se agudizó la censura y la violencia contra los disidentes, periodistas independientes y blogueros”.

Además de ser el único país del hemisferio donde el ejercicio del periodismo independiente no está contemplado como un derecho ciudadano, Cuba figura entre las 10 naciones que más reprimen Internet en el mundo, de acuerdo con un estudio difundido este mes en Nueva York por el Comité para la Protección de los Periodistas.

Diputados de la oposición presentaron los casos del diario La Nación y Cablevisión.

Siete diputados de la oposición enviaron ayer un informe muy crítico, contra el Gobierno, a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, sobre la situación en Argentina, con eje en Cablevisión y la inhibición de bienes del diario La Nación.

“ Argentina está en alerta naranja , ya que existe una estrategia inteligente, subliminal y sostenida del gobierno kirchnerista por controlar la pluralidad de voces y palabras”, sostuvo la diputada Laura Alonso (PRO). Según su visión, “es imperioso” que en el transcurso de 2012 la relatora Catalina Botero “realice una visita al país. Si no hay sospechas ni dudas, la Presidenta de la Nación debería ser la primera en gestionar esa misión”, añadió la diputada del PRO y ex directora de Poder Ciudadano.

Desde el Peronismo Federal, Eduardo Amadeo planteó que los casos de Cablevisión y La Nación muestran que “el intento de silenciar las voces independientes se ha convertido en una política de Estado” . Por eso, es importante que la CIDH “abra el caso, lo cual sería un antecedente gravísimo para el Gobierno”, dijo Amadeo.

Patricia Bullrich (Unión Por Todos) agregó que en la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH ya se trataron los casos de Venezuela y Ecuador, “con posiciones muy claras, que buscan poner freno a los abusos y los excesos gubernamentales”.

También firmaron los diputados Federico Pinedo, Paula Bertol y Jorge Triaca (PRO), Ramona Pucheta (Socialista del MIJD), junto a Silvana Giudici, ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados.

En la nota enviada a Botero denunciaron que Cablevisión fue intervenida, a pedido de Supercanal, “por una orden judicial absolutamente arbitraria”, promoviendo “el virtual desguace de esa empresa, sin siquiera oir a la firma de medios”. Relacionaron “esta agresión” con “los sistemáticos ataques sufridos por el Grupo Clarín”, como la discrecional distribución de la publicidad oficial, las agresiones a sus periodistas, el bloqueo a las plantas impresoras y “los afiches callejeros contra sus periodistas y directivos”.

Los legisladores explicaron que dos días después de que el juez Walter Bento de Mendoza dispusiera el allanamiento a Cablevisión en Capital Federal, otro juez de Capital, Carlos Folco, a pedido de la AFIP, dispuso “la inhibición general” de los bienes de La Nación, “desconociendo” un fallo de la Corte Suprema y en el que otros 23 medios en su misma situación no recibieron ninguna sanción.

En la nota enviada a la CIDH, afirmaron que ambos casos “constituyen el corolario de una sucesión de agresiones, avasallamiento de derechos y afrentas que viene padeciendo la libertad de expresión en nuestro país”. También, que “se utiliza al sistema judicial, a la fuerza pública y a los organismos del Estado para disciplinar y acallar las voces que se alzan en disidencia del ‘relato oficial’”.

http://www.clarin.com/politica/Denuncian-Gobierno-OEA-libertad-expresion_0_619138204.html