CONSIDERANDO que el gobierno argentino ha profundizado el uso discrecional del poder estatal, valiéndose de herramientas legales, medidas administrativas y del accionar de funcionarios públicos para premiar a los medios editorialmente afines y castigar a quienes mantienen su independencia con respecto a la gestión oficial
CONSIDERANDO que a dos años de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –que se encuentra parcialmente suspendida por la Justicia por afectar derechos constitucionales- ha tenido un proceso de aplicación basado en criterios selectivos
CONSIDERANDO que, en este sentido, la autoridad responsable de la aplicación de la norma trata de forma diferencial a los medios cercanos al oficialismo
CONSIDERANDO que los medios independientes han denunciado ser objeto de discriminación a partir de la apertura de procesos sancionatorios por cuestiones administrativas, con el objetivo de dictar la caducidad de sus licencias o permitir la intervención de sus medios
CONSIDERANDO que, del mismo modo y como viene sucediendo hace ocho años, la publicidad oficial ha aumentado y sigue beneficiando a los medios que no son críticos del gobierno y sin tener en consideración criterios técnicos
CONSIDERANDO que el Artículo 7 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
LA 67 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Instar al Gobierno a establecer criterios técnicos en su relación con los medios de comunicación para la distribución de la publicidad oficial
Solicitar a la autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que adopte y cumpla criterios objetivos en el ejercicio de sus atribuciones
Argentina II
CONSIDERANDO que las acciones de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes se mantienen con sostenida virulencia mediante agresiones y falsas acusaciones de parte de altos funcionarios, así como de un trato descalificativo en ámbitos profesionales
CONSIDERANDO que la campaña oficial de desprestigio contra los medios no oficialistas utiliza además numerosas vías, como proliferación de carteles injuriosos en la vía pública, impedimentos de la circulación de diarios en ámbitos oficiales, persecución administrativa y fiscal a periodistas, editores y empresas de medios, denuncias y campañas sistemáticas de difamación en espacios mediáticos que responden al poder político
CONSIDERANDO que el Gobierno y sus funcionarios han reiterado que los medios independientes son sus “adversarios políticos”, al afirmar que estos “fueron los grandes derrotados” en los pasados comicios
CONSIDERANDO que funcionarios han lanzado presiones a la Justicia para que falle a favor del Gobierno en cuestiones como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra parcialmente suspendida por contrariar principios constitucionales
CONSIDERANDO que desde el oficialismo se ha multiplicado la presión sobre órganos judiciales y también el acoso administrativo contra Papel Prensa, empresa que abastece de papel a la mayor parte de los periódicos del país, con el propósito de lograr la intervención de la compañía
CONSIDERANDO que sigue creciendo de manera desmedida, al amparo de una enorme cantidad de recursos públicos y de otro tipo de beneficios y medidas administrativas, el universo de medios oficiales y para oficiales en la Argentina, ya sea a través del realineamiento editorial de medios existentes como de la creación de nuevos medios en los distintos soportes, al punto de constituir hoy una clara mayoría en el escenario comunicacional argentino
CONSIDERANDO que el Artículo 5 de la Declaración de Chapultepec establece que: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.
LA 67 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Instar al Gobierno a que encause su relación con los medios independientes en el marco de una deseable convivencia democrática, de respeto al rol constitucional de la prensa y de trato equitativo, sin discriminar ni estigmatizar a editores y periodistas por la línea editorial de sus medios
Solicitar al Gobierno que finalice la escalada de agresiones contra los medios críticos, que lejos de atenuarse sigue sumando nuevas agresiones de manera ininterrumpida
Exhortar al Poder Ejecutivo a que cesen las presiones a la Justicia en temáticas vinculadas a la actividad de los medios de comunicación, lo que contraría la división de poderes y pone en riesgo el rol del Poder Judicial como garante de los derechos constitucionales
Instar al Gobierno a que ponga fin al hostigamiento administrativo contra la empresa Papel Prensa que obstaculiza el normal funcionamiento de la empresa
Solicitar al Congreso Nacional que impida la intervención estatal en la producción y comercialización del papel, para que no se constituya en un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo, preservando la política de libre comercialización que rige desde hace largos años en el país
Alertar a la sociedad sobre el proceso de “colonización mediática” que se viene desarrollando por parte del gobierno con cuantiosos recursos del Estado y otras herramientas, intentando monopolizar los canales de acceso a la información
Más información: http://www.sipiapa.org/v4/reportes_resoluciones.php?idioma=sp&asamblea=47
