Doña Cristina Fernández de Kirchner inicia su segundo mandato presidencial con un golpe severo a la libertad de expresión y a sus perspectivas futuras en Argentina. Mediante lo que se llamó “trámite rápido”, el Congreso (dominado por el peronismo-kircherismo) aprobó este jueves una ley que le permite controlar la empresa Papel Prensa, propiedad hasta ahora de los diarios Clarín y La Nación y el Estado argentino. Sorpresivamente, el ex presidente Carlos Menem, crítico de doña Cristina, sumó su voto a los de la fracción gobernante. El peronismo, cualquiera sea su intriga interna, termina identificándose en todo aquello que le signifique control del país y de la opinión pública.
La ley le otorga al Gobierno amplios poderes para “condicionar la producción, distribución e importación de papel para diarios, y de cierta manera abre la puerta para “una confiscación encubierta de la empresa Papel Prensa”, al declarar de interés público “la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios”. La norma limita también, según se lee en los diarios argentinos, la posibilidad de importar papel. En una palabra, de ahora en adelante, el Estado argentino, o sea, doña Cristina, dirá la última palabra. Mediante disposiciones hábiles, el Estado podrá ir convirtiéndose paulatinamente en accionista mayoritario y, finalmente, único de la empresa Papel Prensa. La oposición democrática postula y respalda una ley diferente, que garantiza lo que llama “papel para todos”. Sin discriminaciones y sin el arbitrario control del Estado.
La ley es como un episodio del largo enfrentamiento del gobierno de los Kirchner, de Néstor antes y de Cristina ahora, con los grandes diarios de su país. Es un duelo que se ha trazado como meta la limitación de la libertad de expresión, y que ha recurrido a todos los instrumentos posibles. Es obvio que el control del papel se traducirá en la imposición exclusiva del silencio oficial. La señora Fernández apenas inicia ahora su segundo mandato de cuatro años. Esto indica que la guerra contra la libertad de expresión avanzará impulsada por un Gobierno que se ha trazado como meta si no eliminarla en absoluto, sí domesticarla. Controlar el papel y suministrárselo sólo a aquellos que se porten bien, que no critiquen, que se rindan, equivale a una censura previa.
Conviene advertir que la ley que coloca la empresa productora de papel en manos oficiales es apenas una de las medidas puestas en práctica contra los diarios argentinos. Paralelamente les aplican otras disposiciones coercitivas, además de la campaña permanente del Gobierno que los acusa de mantener el “monopolio de la opinión pública”. Que, en definitiva, es lo que persiguen doña Cristina y sus aliados.
No es una novedad esta política del “justicialismo” contra la libertad de expresión. Juan Domingo Perón echó sus raíces. Es una lucha que en Argentina se libra desde hace más de medio siglo.
