Tres de las más importantes asociaciones sobre periodismo y medios de comunicación del mundo y del hemisferio expresaron ayer su rechazo a la polémica ley que promovió la Casa Rosada, que le permitirá controlar el mercado de producción y comercialización del papel para diarios.
La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y la Red Global de Editores (GEN) condenaron la iniciativa oficial, en tanto que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que “confía en que se declarará anticonstitucional” cuando se analice en la Justicia.
La WAN-IFRA, que representa a 18.000 periódicos, 15.000 páginas de Internet y a 3000 empresas en más de 120 países, condenó “enérgicamente” la ley, que consideró basada en un “argumento absurdo” y que enmarcó dentro de lo que definió como una campaña gubernamental contra la prensa independiente.
Liderada por el editor alemán Christoph Riess, la WAN-IFRA señaló que la ley sancionada anteayer viola principios fundamentales de la libertad de prensa y podría ser utilizada para censurar y castigar a los medios de comunicación que difundan comentarios críticos del Gobierno. “La medida, que impone el control gubernamental sobre la empresa privada, es un paso atrás para la Argentina y hará daño a la reputación internacional del país”, estimó la entidad, que calificó a la ley como el último capítulo de una “campaña permanente” de la presidenta Cristina Kirchner contra la prensa independiente.
Por su parte, la GEN, que aglutina a 500 editores de periódicos y medios digitales y audiovisuales de todo el mundo, expresó su condena por la sanción de la nueva ley, que pondrá a la prensa gráfica “bajo el control” del Gobierno, y alertó sobre que “aumenta el acoso contra la prensa independiente desarrollado durante los últimos años”.
“La GEN recuerda que la libertad de prensa es una condición clave de la democracia”, subrayó la Red Global de Editores, que indicó que “sólo respetando el pluralismo, un régimen puede sostener una imagen creíble”. Pidió, así, a la Presidenta “abandonar la iniciativa”.
Desde Miami, en tanto, la SIP consideró que el Gobierno oculta “aviesas intenciones” con la polémica iniciativa, aunque expresó que “confía en la Justicia para dejar sin efecto una legislación que es claramente anticonstitucional por su claro avasallamiento a principios sobre libertad de expresión”.
“Estamos seguros de que un eventual fallo no podrá desconocer que esta legislación avasalla el artículo 32 de la Constitución argentina y principios de jurisprudencia interamericana que prohíben la promulgación de leyes que afecten la libre distribución de las ideas”, indicó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el peruano Gustavo Mohme.
Por su parte, la WAN-IFRA también alertó sobre que la ley “permite la interferencia del Gobierno en la prensa con la disculpa de mantener la diversidad de los medios de comunicación”, y consideró que “éste es un argumento todavía más absurdo en la era digital, cuando los medios de comunicación son más diversos que nunca”.
La WAN-IFRA, la GEN y la SIP se sumaron así a otras asociaciones de la región y locales que rechazaron la ofensiva gubernamental sobre la empresa Papel Prensa y contra sus accionistas mayoritarios, los diarios Clarín y LA NACION.
A nivel regional, tanto la Asociación Nacional de la Prensa de Chile como el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos transmitieron su inquietud por los riesgos que corre la libertad de prensa en el país.
“CONDICIONAR A LOS MEDIOS”
En el ámbito local, en tanto, la ofensiva cosechó quejas de la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), entre otras entidades.
En esa línea, ADEPA recordó que la nueva ley y la inhibición general de bienes de LA NACION se suman “a otra serie de hechos producidos en los últimos días, todos ellos dirigidos a condicionar a los medios de prensa independientes”. Entre esos hechos, citó la aprobación de “normas que definen conductas punibles que afectan el orden económico-financiero o que se identifican como terroristas; la citación a indagatoria de directivos de empresas periodísticas por presuntos delitos de lesa humanidad [por Héctor Magnetto, de Clarín, y Bartolomé Mitre, de LA NACION y el operativo montado para designar un coadministrador en Cablevisión”.
La controvertida ley fue aprobada anteayer en el Senado por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Además del kirchnerismo, la votaron a favor los fueguinos de Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, los peronistas Carlos Menem, Roxana Latorre y María Higonet, el radical independiente José Roldán y el porteño Samuel Cabanchik.Votaron en contra el radicalismo, el peronismo disidente y el Frente Amplio Progresista..
